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Ley HB-56 de Alabama sobre la inmigración de indocumentados

Ley restrictiva de la inmigración

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Ley HB-56 de Alabama sobre la inmigración de indocumentados
Foto de Fibonacci Blue

La ley HB 56 de Alabama que afecta a los inmigrantes indocumentados es considerada como una de las más restrictivas de Estados Unidos.

Disposiciones de la ley HB-56 que sí se aplican:

La policía puede investigar el estado legal de cualquier persona de la que razonablemente sospechen que puede estar en el país ilegalmente. Es decir, puede exigir que se presenten papeles que demuestren el estado legal de una persona. Es lo que en inglés se denomina stop and ask o show me the papers. Asimismo, la ley reconoce el derecho a demandar a la policía que pida los papeles sin que exista una sospecha razonable sobre el condición de indocumentada de una persona.

Las personas arrestadas mientras se verifica su estatus legal o mientras esperan para ser puestas a disposición del ICE para su deportación, cuando ya ha quedado claro su condición de indocumentadas, no tienen derecho a fianza. Es decir, no se las va a dejar libres mientras se resuelve definitivamente su caso.

Provisiones de la ley que no se aplican por decisión de las Cortes federales

Por decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito 11, no se autoriza a las escuelas públicas a que verifiquen el estatus legal de los nuevos estudiantes. A pesar de ello hay que entender que los menores pueden continuar estudiando en dichas escuelas. En otras palabras, en la actualidad las autoridades de Alabama NO pueden investigar el estatus legal de los escolares ni el de sus padres

También la Corte de Apelaciones del Circuito 11 ha suspendido la obligación de toda persona de llevar en todo momento un ID.

Y también por decisión de la misma corte no podrá aplicarse la provisión de la Ley de Alabama que prohibe las relaciones comerciales en las que una de las partes es un indocumentado. La aplicación de esta provisión en la práctica implicaría que las personas indocumentada no podrían, entre otras actividades, tener una cuenta en un banco o un contrato con la compañía suministradora de los servicios de agua o electricidad o un contrato de arrendamiento.

Tampoco se aplicará, al menos por el momento, la disposición de la ley que prohibe que las cortes del estado de Alabama obliguen al cumplimiento de los contratos celebrados entre una persona indocumentada y otra que sabe el estatus inmigratorio irregular de la primera.

Contexto de la ley

Alabama no forma parte de los estados con mayor porcentaje de población extranjera, pero ésta es muy reciente ya que la inmigración ha crecido enormemente en los últimos diez años. Se estima que viven en Alabama 185,000 hispanos, tanto ciudadanos como residentes legales como indocumentados, principalmente en los condados del norte del estado.

En Alabama se considera que el 4,2 por ciento del total de la fuerza laboral no tiene papeles para trabajar y que el 2,5 por ciento del total de la población de ese estado es indocumentada.

A pesar de su bajo porcentaje de inmigrantes indocumentados, Alabama ha seguido el ejemplo de otros estados como Arizona al aprobar leyes restrictivas de la inmigración.

Quiénes apoyan la HB-56 y quiénes la critican

Apoyan la ley los partidarios de controlar rígidamente la inmigración ilegal, entre los que se encuentra el gobernador de Alabama, el señor Robert Bentley.

Entre los que la rechazan destacan no sólo los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes sino también un importante número de organizaciones religiosas. También ha encontrado una importante crítica en el sector de los empresarios agrícolas, que temen que el sistema legal para contratar a trabajadores extranjeros mediante la visa H-2A para labores de campo no funciona lo bien que debiera como para garantizar que trabajadores legales puedan sustituir a los ilegales. En consecuencia temen que no puedan realizar todas las labores agrícolas, particularmente en época de cosecha.

Por último, también se ha notado cierta crítica a la ley por parte de distintas fuerzas de seguridad. Las razones son básicamente dos: por un lado creen que las nuevas labores incrementarán notablemente el gasto de sus departamentos. Y, por otro lado, se cree que la disposición "sospecha razonable" para poder realizar un stop and ask es ambigua y puede acabar dando lugar a que se presenten demandas contra los agentes de la policía.

Tip

El Departamento de Justicia del Gobierno federal ha creado una línea directa para denunciar violaciones de los derechos civiles que se puedan estar cometiendo relacionados con la aplicación de esta ley. Se puede marcar al 1-855-353-1010 o escribir un correo electrónico a Hb56@usdoj.gov y denunciar.

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