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Ley restrictiva de la inmigración SB 20 de Carolina del Sur

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Ley restrictiva de la inmigración SB 20 de Carolina del Sur
Foto de Cliff 1066

La ley restrictiva de la inmigración de Carolina del Sur, conocida como SB 20, fue impugnada en corte federal por una coalición de sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos civiles y de derechos de los inmigrantes, uniéndose el gobierno federal a la impugnación de la ley a través del Departamento de Justicia.

El juez federal Richard Mark Gergel dictó sentencia bloqueando provisiones conflictivas de la ley, mientras que permite que otras entren en vigor con fecha de uno de enero de 2012.

Los motivos para la impugnación fueron que esos grupos consideran que la ley es inconstitucional, interfiere con las competencias exclusivas del gobierno federal en materia de inmigración y que favorece que se considere a una persona sospechosa basándose en su apariencia física o en cómo habla inglés.

La ley, que se ha inspirado en la de SB 1070 de Arizona, fue ratificada por la gobernadora Nikki Haley el 27 de junio de 2011.

Qué partes de la ley ha bloqueado el juez y no entrarán en vigor

Entre los aspectos más representativos de esta ley que se encuentra bloqueado por orden judicial es la que obligaba a la policía, cuando por cualquier razón entrase en contacto y/o arresasee a una persona de la que tenga "sospecha razonable" de que pueda estar ilegalmente en el país, a exigirle papeles que demostrasen su estatus legal.

También se ha bloqueado la provisión de la ley SB20 que convertía en delito la acción de transportar, proteger o esconder a una persona a sabiendas que es indocumentada con el objeto de facilitarle su entrada ilegal en Estados Unidos o para evitar ser detenida.

Tampoco será delito no tener en todo momento una identificación oficial, en el caso de ser una persona adulta. Se consideraba como ejemplo de un ID adecuado la licencia de manejar o, en el caso de extranjeros, documentos oficiales que acrediten el estatus migratorio. Esta provisión estaba previsto que sería obligatoria tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros mientras se encuentren dentro de los límites del estado de Carolina del Sur.

No se han bloqueado y son de aplicación a partir de enero de 2012

La provisión de la ley restrictiva de la inmigración de Carolina del Sur SB20 obliga a las empresas a garantizar que sus empleados cuentan con todos los permisos inmigratorios necesarios para poder trabajar en Estados Unidos. Es decir, impone a los negocios la utilización del sistema federal E-Verify. La pena por incumplir esta provisión puede ser una multa o puede llevar a la suspensión temporal o incluso a la revocación definitiva de la licencia para operar el negocio.

Precisamente los empresarios en el sector agrícola, que se encontrarían entre los grandes perjudicados con la aplicación de esta ley, son uno de los grandes opositores a la misma. La agricultura, la hostelería y la construcción son los grandes sectores económicos que en ese estado dependen de mano de obra inmigrante. Así también ocurre en Alabama, estado con una ley también restrictiva de la inmigración de indocumentados.

También se aplicarán las provisiones que establecen que se debe verificar el estatus migratorio de los extranjeros que estén cumpliendo una condena en el estado y la que obliga a las autoridades estatales a entregar a las autoridades federales a los indocumentados que han acabado de cumplir una condena.

Inmigración en Carolina del Sur

Según datos del censo de 2010, en Carolina del Sur residen un total de 235,93 hispanos o, lo que es lo mismo, un 5,1 por ciento del total de la población del estado. Si bien el porcentaje es bajo, lo cierto es que la población latina ha experimentado un incremento de casi el 150 por ciento en sólo diez años desde el censo del 2000.

Se estima que puede haber unos 55,000 indocumentados, de todos los grupos étnicos y razas, en el estado de Carolina del Sur. Esa cifra supone 20,000 menos con relación a 2008.

La ley SB 20 de Carolina del Sur sigue la tendencia de legislación restrictiva de la inmigración de indocumentados iniciada por Arizona con la ley SB 1070 y que ha sido seguida, entre otros estados, por Alabama, Georgia, Utah e Indiana.

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